Carlos Cuesta es uno de los periodistas y analistas políticos más conocidos del panorama mediático español. Actualmente es director adjunto del Grupo Libertad Digital y colabora habitualmente en diversos programas de televisión y radio. A lo largo de su trayectoria, se ha caracterizado por un estilo directo y un firme compromiso con la defensa de las ideas liberales y la economía de mercado.

En su libro Viva el capitalismo, viva la libertad, Carlos Cuesta lanza un alegato sin complejos a favor del sistema de libre mercado como el mayor motor de progreso e independencia de la historia. Se trata de una réplica necesaria en un momento en el que el capitalismo, tras años de funcionamiento invisible, se ha convertido en el blanco de una crítica constante. La precariedad o la crisis de la vivienda han erosionado su imagen, pero Cuesta advierte que el verdadero peligro radica en la hiperregulación y en un relato cultural que busca anular el mérito.

P.—Para entrar directamente en materia: ¿puede existir una libertad política real sin libertad económica? O planteado a la inversa, ¿es posible la libertad económica sin libertad política?

R.– Creo que es un maridaje necesario; son dos caras de la misma moneda. En el libro explico que, a medida que avanza la apertura económica —que lógicamente comienza por ahí—, el capitalismo busca el beneficio. Pero la clave es que ese beneficio siempre resulta positivo, porque se convierte en propiedad privada para la población. De este modo, los ciudadanos ganan una independencia que, en los inicios del sistema, no era contra los políticos, sino contra los regímenes absolutistas. La población comenzó a adquirir una autonomía que jamás había tenido. Por lo tanto, la independencia económica acaba arrastrando la independencia política. La gente con más recursos, con más capacidad económica y con acceso al crédito, empieza a fundar sus propias empresas.

De hecho, el gran salto histórico se produce porque dejas de ser siervo. Esta historia que hoy conocemos y celebramos sobre los derechos del trabajador no puede existir si antes no eres un trabajador libre. En los regímenes absolutistas no eras trabajador, eras siervo. Y tengo la sospecha de que, en estos momentos, hay quienes pretenden una vuelta a ese pasado: realmente no nos quieren como trabajadores ni como profesionales, nos quieren como siervos.

P.–: ¿De verdad crees que existe esa intención?

R.– Sí, por completo. Están encantados de neutralizar cualquier impulso hacia el trabajo. La propiedad privada es el premio al esfuerzo y el pilar de tu independencia. En el momento en el que el ciudadano tiene esa capacidad, empieza a exigir: reclama un sistema educativo de calidad para sus hijos o demanda mejoras medioambientales. Nadie quiere vivir en la polución, pero ¿a quién se le ocurre preocuparse por eso? No a quien tiene su vida en peligro, es un siervo y está viendo si consigue lo suficiente como para poder comer al final del mes. Eso se le ocurre a quien ha evolucionado y ha podido progresar.

Todo eso lo ha permitido el capitalismo, un sistema que hoy está siendo severamente criticado y combatido. Somos trabajadores y tenemos derechos gracias a esa forma de entender la vida. Nos hemos independizado del poder. El poder político siempre intenta invadir la órbita personal, la propietaria, la laboral o la sexual; siempre intenta entrar. La única forma de marcar una línea roja es tener independencia, y esa independencia comienza por la económica. Si no tienes independencia económica, no tienes absolutamente nada.

P.–: Respecto al relato que mencionas, ¿quién o qué crees que ha construido esta percepción tan negativa del capitalismo?

R.– Se hacen muchas construcciones negativas, pero lo curioso es que la crítica al capitalismo suele venir de personas que han alcanzado su estatus gracias a este sistema. En España lo vemos constantemente con partidos como Podemos, Sumar, Esquerra o Bildu —que, además de su propia naturaleza, es anticapitalista—. Todos ellos critican el sistema después de haber logrado ser lo que son gracias a él. Disfrutan de una pluralidad política que emana de esa independencia convertida en libertad y en un sistema institucional democrático.

¿Acaso existirían estos partidos en otro modelo? ¿Habría un sistema democrático, un avance educativo, propiedad política o independencia de los poderes públicos de no haber sido por esa evolución? Esa separación de poderes es lo que creó los parlamentos, cuando el control dejó de pertenecer a ciertos estamentos y pasó a la población. Así nació la burguesía. Sin embargo, vemos a estos sectores insultándose entre ellos y usando «aburguesado» como un agravio. ¿Cuál es el problema de aburguesarse? La burguesía representó el paso hacia la emancipación frente al Antiguo Régimen.

P.–: ¿Dónde radica entonces el problema de esa crítica?

R.– Sobre todo en que ese rechazo viene de gente que en realidad ansiaba tener esos bienes. Los poseen, pero los combaten. Es una contradicción flagrante, como el viaje de Pablo Iglesias a Cuba: critica el capitalismo mientras graba un vídeo con un teléfono de 1.500 euros —el equivalente a ocho años del salario medio de un cubano— desde una habitación de lujo de 213 dólares la noche, un precio inaccesible para cualquier ciudadano de la isla y que representa el sueldo de más de un año de un trabajador local. Se fotografía allí, rodeado de comodidades capitalistas, para alabar el comunismo. Si tan bueno es, que se quede allí y explique desde esa realidad cómo paga su teléfono, su chalé o su hotel, porque ningún cubano humilde puede acceder a nada de eso. Que lo explique, pero quedándose allí.

P.–: Centrémonos en España y en sus problemas actuales, como la vivienda. Para que un joven pueda independizarse y alcanzar cierto estatus, necesita un hogar, pero los precios actuales lo hacen imposible. Ante esta situación, ¿estamos ante un fallo de mercado o ante un fallo de la regulación?

R.– Fallo de mercado no hay, porque directamente se han cargado el mercado. El mercado consiste en el equilibrio entre la oferta y la demanda, y aquí se ha decidido colapsar la oferta. No se permite construir, por lo que el mercado ha sido anulado. Es irónico ver a los mismos partidos que bloquean el desarrollo afirmar que el fallo es del capitalismo. Si han destruido los mecanismos del capitalismo en la vivienda, ¿cómo va a ser culpa del sistema? El fallo es de la intervención constante del Estado.

Lo primero que debe ocurrir es que el suelo público se ponga a disposición de la vivienda. Ese suelo no debe ser un instrumento para que los ayuntamientos o el Gobierno especulen, restringiendo su salida al mercado para inflar el precio. Si liberan el suelo con cuentagotas para venderlo cada vez más caro, encarecen todo el proceso. Ese suelo tiene que circular para la construcción. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se han puesto 1,2 millones de metros cuadrados en circulación, pero esto debería ser una política generalizada.

Además, no se puede ahogar a impuestos la edificación. Actualmente, uno de cada cuatro ladrillos de una vivienda son impuestos; una cuarta parte del coste total es fiscalidad. Es inaceptable. Se habla de gravar lo superfluo, pero ¿hay algo más necesario que un techo bajo el que vivir? En el tránsito de comprar, vender y adquirir otra casa, un ciudadano pierde un 10% del valor solo en impuestos. En una vivienda de 500.000 euros, el cambio cuesta 50.000 euros en tasas. ¿Cómo se puede decir que se favorece el acceso a la vivienda si se la está saqueando a impuestos?

A esto hay que sumar la reducción de los plazos burocráticos. Una constructora puede levantar una vivienda y entregar las llaves en dos años, pero en España el proceso se alarga hasta los diez años. Esos ocho años adicionales se pierden en burocracia, parálisis y acumulación de costes fiscales. Hay que liberar suelo, dejar de asfixiar con impuestos y permitir que el mercado funcione. Si aumenta la oferta, los precios bajarán. España tiene una demanda ordinaria de entre 250.000 y 300.000 viviendas anuales, sin contar el déficit acumulado, que se sitúa entre las 500.000 y 700.000 viviendas. Si ante esa demanda solo se construyen unas 100.000 al año, se está provocando un cierre del grifo artificial. La hiperregulación y la hiperfiscalización son las que impiden que el producto llegue al ciudadano.

P.–: Al hilo de esto, ¿cree que el mercado laboral también sufre un diseño defectuoso desde el ámbito público?

R.– El problema de la intervención pública es que altera los incentivos. La vivienda pública y social debe existir de forma puntual para ayudar a una capa de la sociedad que lo necesite por razones obvias y justificadas. Sin embargo, si esa ayuda se generaliza, sustituyes el incentivo del esfuerzo y el ahorro por el incentivo de esperar a que el «Papá Estado» te regale las cosas. Si el grupo de personas que espera recibir una vivienda es superior al de aquellos que producen los recursos para pagarla, las cuentas no salen.

Hay que incentivar la responsabilidad individual y el deseo de tener una vivienda en propiedad. En España, especialmente desde la izquierda, se lanza el mensaje contrario: el ciudadano debe esperar una vivienda social. Pero si todos esperamos una vivienda social, no habrá nadie para financiarla. Es una quiebra matemática.

P.–: Y además, las promesas no se materializan.

R.– Nunca llegan. Pedro Sánchez empezó prometiendo 50.000 viviendas, luego pasó a 70.000, después a 180.000 y ya va por 260.000. Si sumamos todos sus anuncios, deberíamos tener viviendas construidas desde aquí hasta Taiwán, pero la realidad es que apenas hay ninguna. Es mentira. La vivienda debe ser el premio al esfuerzo, entendida como un bien necesario.

Por supuesto que debe haber vivienda pública de alquiler y con carácter transitorio para situaciones de emergencia, de modo que sirva como un trampolín para incorporarse al mercado laboral y aportar a la sociedad, no para absorber sus recursos de forma permanente. Hoy se le mete en la cabeza a la gente que lo ideal es vivir de los recursos estatales. Pero el Estado no es un ente abstracto: es la suma de nuestro dinero. Cuando un político promete regalar viviendas, lo que está haciendo es prometer que una parte de la sociedad le pague la casa a la otra, lo cual no es sostenible.

P.–: Desde luego, ese modelo no parece sostenible. Cambiando de tercio, introduces una distinción muy clara en su discurso: ¿cuál es la diferencia clave entre la igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados?

R.– Es que cuando la izquierda apela a la igualdad, siempre se refiere a la de resultados, un concepto que no debería ser defendible en una sociedad libre. Una de las mayores virtudes del ser humano es la diferencia. Quienes defienden el pluralismo y la aceptación de la diferencia pretenden anularla en los resultados. Si una persona decide trabajar 12 o 14 horas al día, ¿quién es el político para imponerle que debe descansar más? El descanso es una elección individual. El político está para gobernar como representante de la soberanía nacional, no para tutelar la vida privada de los ciudadanos. Si alguien se esfuerza y trabaja más, tiene derecho a obtener el fruto de ese sobreesfuerzo.

Si otra persona prefiere una jornada parcial de 5 o 6 horas, es una opción perfectamente respetable, pero debe asumir su responsabilidad: lo lógico es que perciba la mitad de ingresos que quien trabaja el doble en igualdad de condiciones. La igualdad de resultados elimina el incentivo para formarse, madrugar, trabajar y brillar. El único resultado de ese modelo es una sociedad que produce menos, tal y como demostraron las sociedades soviéticas y comunistas, hoy quebradas o en vías de quiebra.

El instinto de superación es natural; si pones a dos niños de seis años a correr en el colegio, ambos competirán al máximo porque entienden la libre competencia de forma sana. Y el que llega primero no pide que no le den nada, reclama su medalla de oro porque sabe que el esfuerzo merece una recompensa. El discurso actual de las instituciones, como el de Yolanda Díaz invitando constantemente a trabajar menos, penaliza el mérito y promueve la inactividad. Así no prospera una sociedad. Estados Unidos se construyó gracias a colonos que arriesgaron todo por sus sueños; imagínese explicarle a uno de aquellos colonos que debía ceder la mitad de su granja recién levantada porque un grupo de okupas quería instalarse allí. Los habría mandado a freír churros.

La igualdad de resultados anula la justicia. La igualdad de oportunidades, en cambio, es el verdadero objetivo que se debe perseguir. Mi propia familia procede de dos ramas muy humildes que salieron de la pobreza mediante el trabajo y el esfuerzo. Los recursos presupuestarios no deben destinarse a regalar viviendas a todo el mundo, sino a garantizar que cualquiera que quiera estudiar pueda hacerlo, que el que más se esfuerce obtenga la mejor beca y que cada uno progrese a través de la propiedad privada. Alterar este orden es económicamente destructivo —porque ahuyenta el talento fuera de España— y radicalmente injusto. No hay ninguna «justicia social» en confiscar el fruto del trabajo ajeno.

P.–: Bajo esa premisa de justicia, ¿consideras que el crecimiento económico realmente beneficia al conjunto de la sociedad o genera exclusión?

R.– El crecimiento económico beneficia a todos, aunque lógicamente tenga unos protagonistas iniciales: los más trabajadores, los más inteligentes o los más brillantes —e incluso, por qué no decirlo, aquellos que tengan suerte o un enchufe—. Pero independientemente de quién reciba ese capital inicial, ¿qué se hace con él? Se crean empresas. Y la creación de empresas traslada el beneficio a un segundo nivel que se expande por toda la sociedad mediante la generación de empleo para toda la plantilla, no solo para los directivos.

Cuando los trabajadores reciben sus salarios, compran casas —lo que da trabajo a los obreros—, van a restaurantes —lo que beneficia a los camareros— o viajan a hoteles —lo que sostiene al sector servicios—. El dinero dinamiza la economía y eleva el nivel de ingresos general, permitiendo a las familias invertir en la educación de sus hijos, que es como progresa una sociedad. Mi padre empezó como electricista y, a base de esfuerzo, terminó con dos ingenierías y aprobando una oposición del Estado.

El crecimiento económico siempre permea en la sociedad, hasta que el poder político interviene con normativas como los «precios justos» o la monopolización de la producción, destruyendo el desarrollo y la propiedad privada.

P.–: De hecho, factores esenciales para nuestro nivel de vida, como la calidad de la sanidad, la educación o el aumento de la esperanza de vida, dependen directamente de la riqueza generada por el capitalismo.

R.– Totalmente. La sanidad universal requiere de un país con beneficios para poder financiarse. A veces dan ganas de pedirle a ciertos sectores políticos que aterricen en la realidad para entender cómo funciona el mundo: si logras que la clase baja ascienda a la clase media, la recaudación fiscal aumenta de forma natural sin necesidad de subir los tipos impositivos. Ese superávit es el que sufraga la mejora de los servicios públicos, la educación o los espacios verdes. Todos queremos parques en nuestras ciudades en lugar de vertederos, pero si destruyes las fuentes de riqueza, te quedas sin recursos para mantenerlos.

Es muy cínico ver cómo muchos políticos defienden en público teorías restrictivas mientras en su vida privada disfrutan de urbanizaciones exclusivas, seguridad privada y segundas residencias. Yo también deseo legítimamente ese bienestar, la diferencia es que ellos lo financian con el dinero público y yo defiendo que cada uno lo gane con su propio trabajo.

P.–: ¿Crees entonces que se confunde la pobreza real con la desigualdad económica?

R.– Sí, porque se confunde la pobreza real con la pobreza relativa, un indicador este último que me parece muy deficiente porque apela directamente a la envidia. La pobreza real es la ausencia de lo básico: no tener para comer, para una vivienda, para educación o para sanidad. La pobreza relativa, en cambio, se calcula en función de la renta media; bajo ese criterio, un ciudadano con un buen nivel de vida en España sería considerado pobre en Suiza, a pesar de tener todas sus necesidades cubiertas y opciones de progreso.

Es un indicador diseñado para justificar la intervención y detraer recursos a quienes generan riqueza bajo el pretexto de que su éxito «agrede» a los demás. No hay ninguna agresión; si alguien se queda atrás, el problema es individual, pero falta mucha humildad en el análisis político. Se inocula el odio al éxito a través de conceptos como el de «gran tenedor». El problema no es que alguien posea veinte viviendas, el problema es el «no tenedor», la falta de condiciones para que los demás también puedan ser propietarios. El gran propietario que introduce cien viviendas en el mercado de alquiler lo que está haciendo es aumentar la oferta, lo cual presiona los precios a la baja.

A pesar de venir de una familia humilde, jamás he sentido envidia del rico; al contrario, ojalá todos los ricos del mundo vinieran a España a invertir su dinero aquí. Hay que ser muy ignorante para odiar la riqueza de la cual te puedes beneficiar indirectamente.

P.–: Para concluir, ¿qué opinas del fenómeno de los particulares que adquieren viviendas como inversión para destinarlas al alquiler? ¿Considera que está tensionando el mercado?

R.– El problema no es que un particular con capacidad económica compre una vivienda; el problema es que el resto de los ciudadanos no puedan hacerlo. Los políticos limitan artificialmente la construcción de viviendas, provocando que las pocas disponibles se encarezcan y acaben únicamente en manos de rentas altas. Ellos mismos crean el problema que luego critican: restringen la oferta pero culpan al comprador. Ninguno de estos sectores propone liberalizar suelo de forma masiva o eliminar la carga fiscal de la vivienda.

El sistema de recaudación en España es desproporcionado. El Estado central recauda los grandes impuestos directos y cede una parte a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Al tener limitado su margen, las administraciones locales y autonómicas han acabado dependiendo financieramente del suelo y de la vivienda a través de tributos como Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, el IBI, la plusvalía municipal o las tasas de construcción.

Es una aberración que el sistema obligue a los ayuntamientos a financiarse a costa de encarecer el suelo. Desde el Gobierno central se asfixia el mercado y, cuando los precios se disparan, la culpa se le atribuye a los ricos. No, el problema es la gestión pública que estrangula la oferta. La especulación legítima —comprar un bien esperando que se revalorice— no es perjudicial; lo dañino es la especulación provocada por la escasez artificial que expulsa a la mayoría de los ciudadanos del mercado. Y esa escasez no la crean los inversores, la crean los gobernantes.